La modernización en el sector financiero ha impulsado una migración masiva hacia plataformas digitales, celebrada como un símbolo de progreso y eficiencia. Sin embargo, esta transición, marcada por la promesa de mayor rapidez y menor costo operativo, ha ignorado la profunda brecha tecnológica que existe en la sociedad. Mientras millones de usuarios adoptan las aplicaciones móviles y la banca en línea, un segmento vital de la población —los adultos mayores— se enfrenta a una exclusión sistemática que los relega a una posición de desventaja y vulnerabilidad. Esta situación, lejos de ser un simple inconveniente, se erige como una frente directa a sus derechos humanos ya su dignidad.
La imposición de la tecnología bancaria digital, sin la provisión de alternativas presenciales robustas, se ha convertido en una forma de discriminación por edad. Los adultos mayores, con frecuencia, carecen de la familiaridad y la destreza necesaria para manejar estas herramientas digitales de manera segura y eficiente. Al condicionar el acceso a sus propios recursos a la posesión y manejo de estas plataformas, las instituciones financieras los obligan a una disyuntiva injusta: o se adaptan a un sistema que no comprenden, exponiéndose a riesgos, o pierden el acceso pleno a los servicios bancarios esenciales para su subsistencia. En esencia, la modernización de los servicios bancarios en México ha creado una falsa promesa de inclusión. Para millones de adultos mayores, la banca digital se ha convertido en una barrera insalvable que les niega un servicio fundamental. El propósito de este artículo es demostrar cómo esta práctica transgrede el marco legal mexicano, expone a los adultos mayores a una vulnerabilidad injusta y exige una reflexión profunda sobre el rol ético de las instituciones financieras en la sociedad contemporánea.
La imposición de la banca digital como el principal, o incluso el único, canal de atención es una violación directa de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en México. Esta legislación se fundamenta en principios como la equidad y la no discriminación , los cuales son pisoteados cuando un sector de la población es obligado a adaptarse a un sistema que no está diseñado para sus capacidades. La falta de opciones accesibles para quienes no manejan la tecnología les niega el derecho a un trato digno y el acceso a servicios esenciales en igualdad de condiciones, lo que es una frente a su integridad y autonomía
Específicamente, esta práctica vulnera el Artículo 4° de la ley, que establece la equidad como un principio rector, definiéndola como el "trato justo en las condiciones de acceso y disfrute de los satisfactores necesarios para el bienestar". Del mismo modo, la transgresión es aún más evidente al confrontarla con el Artículo 23 Bis , que mandata a las instituciones financieras a brindar sus servicios de manera "universal, oportuna y efectiva ". Al condicionar el acceso a la tecnología, los bancos incumplen con el principio de universalidad y privan a los adultos mayores de un servicio que sea genuinamente efectivo para sus necesidades.
Más allá de la ley especializada, esta situación se eleva a la categoría de una violación constitucional. El Artículo 1° de nuestra Carta Magna prohíbe explícitamente la discriminación "por motivos de edad". Cuando una institución financiera excluye de facto a un cliente por su incapacidad tecnológica, está incurriendo en una discriminación indirecta que, aunque no declarada, es palpable en la práctica . Esta omisión, por lo tanto, no es solo una falta de servicio, sino una vulneración del derecho fundamental a no ser discriminado en el ejercicio de sus derechos.
La brecha digital impuesta por la banca no solo es un problema de acceso, sino una profunda fuente de vulnerabilidad y desamparo. Los adultos mayores que se ven forzados a usar aplicaciones con interfaces complejas o sistemas de seguridad poco intuitivos se convierten en un blanco fácil para el fraude digital . La falta de conocimiento técnico les impide identificar correos electrónicos de phishing o enlaces maliciosos, exponiendo sus datos personales y, en última instancia, sus ahorros, a delincuentes cibernéticos. Esta desprotección es un costo humano inaceptable que surge de la irresponsabilidad de las instituciones que no ofrecen canales seguros y presenciales.
Esta situación también atenta contra la dignidad humana , un derecho fundamental que implica ser tratado con respeto y consideración. Al reducir a los adultos mayores a simples "cifras" que deben encajar en un sistema digital para ser atendidos, los bancos los están "cosificando" y negando su condición de individuos. La angustia y la sensación de inutilidad que experimentan al no poder realizar una simple transacción —y al tener que recurrir a terceros para que los ayuden— es una forma de maltrato psicológico que les resta autonomía y erosiona su autoestima.
El verdadero costo de esta modernización no se mide en términos de eficiencia, sino en la pérdida de confianza y en el profundo sentimiento de exclusión que sienten los adultos mayores . Para ellos, el banco ha dejado de ser un lugar seguro y se ha convertido en un laberinto tecnológico del que no tienen salida. Esta situación no solo afecta su bienestar económico, sino que también daña el tejido social al aislarlos de un servicio esencial para su independencia. Es un claro ejemplo de cómo la búsqueda de la eficiencia a ultranza, sin contrapesos éticos, puede generar un daño social significativo.
En este contexto, la Ley de Discriminación por Edad de 1975 prohíbe la discriminación basada en la edad en programas y actividades que reciben fondos federales. Si bien esta ley no se aplica directamente a la mayoría de las instituciones bancarias privadas, sí establece un precedente legal y un principio ético de no discriminación. Por otro lado, la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito prohíbe la discriminación en las transacciones de crédito por motivos de edad, pero no necesariamente aborda la exclusión del acceso a los servicios bancarios básicos.
La exclusión digital para este grupo demográfico va más allá de un simple inconveniente; se convierte en una violación de su derecho a la equidad ya la participación plena en la sociedad . Al no tener acceso a la banca en línea, muchos de estos adultos mayores se ven obligados a dependientes de familiares para gestionar sus finanzas, lo cual puede exponerlos a fraudes o, en el mejor de los casos, les quita su autonomía. La falta de acceso a las herramientas digitales también impacta su capacidad para interactuar con otros servicios vitales, como la atención médica o las ayudas gubernamentales, que cada vez más se gestionan de forma digital. La situación es aún más delicada para los adultos mayores de origen mexicano en Estados Unidos, ya que, como demuestran los estudios, suelen tener un menor nivel educativo y un acceso más limitado a la tecnología, lo que agrava la brecha digital y los hace más susceptibles a la explotación financiera.
La digitalización no debe ser sinónimo de exclusión. Para que la modernización bancaria sea un avance genuino, debe implementarse con una perspectiva de inclusión social. Es imperativo que las instituciones financieras de México y Estados Unidos reconozcan su responsabilidad de proveer múltiples canales de atención que se adapten a la diversidad de sus clientes. Esto implica mantener un servicio presencial robusto y accesible, garantizando que los adultos mayores puedan realizar sus trámites sin la presión ni el riesgo que conlleva la tecnología digital. La eficiencia debe coexistir con la equidad.
Las autoridades y los legisladores tienen la obligación de intervenir para regular esta situación. Es necesario fortalecer las legislaciones con disposiciones específicas que impidan a los bancos condicionar el acceso a los servicios a través de medios digitales a los adultos mayores . Se deben establecer sanciones severas para aquellas instituciones que no ofrezcan alternativas dignas y accesibles, asegurando que el trato a este sector de la población esté protegido por una ley que se cumpla de manera efectiva y sin fisuras.
En última instancia, el progreso de una sociedad no se mide solo por su capacidad tecnológica, sino por la forma en que garantiza el bienestar y la dignidad de todos sus miembros, especialmente de los más vulnerables, como es el caso de los adultos mayores. El desafío de la banca no es simplemente digitalizarse, sino evolucionar hacia un modelo que sea verdaderamente inclusivo y humano . Solo así se podrá construir un sistema financiero que sirva a la totalidad de la población, honrando el respeto y la dignidad que los adultos mayores merecen por su contribución a la sociedad.
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . Texto vigente.
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores . Última reforma publicada en el DOF el 14 de junio de 2024.
Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC). Leyes Laborales Que La EEOC No Hace Cumplir . Recuperado de: https://www.eeoc.gov/es/leyes-laborales-que-la-eeoc-no-hace-cumplir
CONDUSEF. "A propósito del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores".
Departamento de Trabajo de EE.UU. UU. "Discriminación por edad". Recuperado de: https://www.dol.gov/general/topic/discrimination/agedisc
Escuela de Negocios EGADE. "Boletín de Inclusión Financiera". Gobierno de México .
Gaceta UNAM. "Adultos mayores, discriminados tecnológicamente en los bancos".
Gaspar Olvera, S. (2022). "Inclusión y desigualdad digital. Hogares de inmigrantes en Estados Unidos". Dialnet . Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8604138.pdf